Hay comunidades autónomas que protegen a los perros de caza a pesar de la Ley de Bienestar Animal

La aprobación de la Ley de Bienestar Animal el pasado 16 de marzo trae consigo algunos cambios en materia de protección animal. El más polémico y, sin duda, el que más ha transcendido a la sociedad, es la exclusión de los perros de caza y trabajo de la normativa. ¿Qué va a pasar ahora con estos animales?

España va a tener su primera normativa estatal de bienestar animal, pero a los animalistas no les ha sabido a victoria. Han sido muchos los puntos que se han debatido a lo largo del año, desde el anuncio del anteproyecto, como la gestión de colonias felinas y el uso del método CER, que ha enfrentado a los defensores del bienestar felino con los protectores de la biodiversidad, quienes consideran que los gatos son una amenaza para diferentes especies autóctonas.

Ha habido debate sobre el curso obligatorio para todos los tutores caninos, también sobre la prueba de sociabilidad (que finalmente ha quedado fuera de la ley) y, mucha confusión sobre el futuro de los animales de compañía de especies exóticas pero, nada ha movido a tanta gente como la enmienda del PSOE que ha dejado sin protección a los perros de caza y trabajo.

Fue Patxi López, parlamentario del PSOE, quién en septiembre anunciaba la enmienda y desataba una oleada de protestas, movilizaciones y manifestaciones de entidades de protección animal en toda España, en contra de esta distinción entre perros domésticos y perros de trabajo, sin embargo, nada ha sido suficiente para la retirada de la enmienda.

En caso de conflicto se aplica la autonómica

Hasta ahora, la protección de los animales frente al abandono o el maltrato ha sido competencia de las comunidades autónomas. Ante la necesidad de una legislación sobre estos temas, cada autonomía ha desarrollado su propia normativa, unas veces mejor y otras veces peor.

De hecho, la distinción entre perros domésticos y perros de caza se da en muy pocas comunidades, como en Castilla-La Mancha, donde se excluye a los perros de la protección de su ley autonómica únicamente durante la actividad cinegética. Por lo tanto, si las leyes autonómicas sí protegen a los perros de caza y de trabajo, pero la nueva ley estatal no, ¿qué va a pasar con estos animales?

Amparo Requena, jurista especializada en Derecho Animal, también Presidenta de AVADA (Abogados Valencianos en Defensa Animal) y Vicepresidenta de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia, explica que los juristas tienen claro lo que van a defender: "La protección animal es una competencia adquirida por las autonomías que han legislado sobre este tema y, por tanto, son de aplicación preferente en lo que se contradiga con la estatal".

La protección animal es una competencia adquirida por las autonomías y, por tanto son de aplicación preferente

"Son normativas más específicas y, en cualquier caso, siempre que se debe abogar por lo más beneficioso para el perro, cuando estamos hablando de su protección", añade. "Además, la Ley de Bienestar Animal no es una ley marco, es decir, no se ha establecido como algo que sirva de base".

En este sentido, Requena asegura que los perros de caza y de trabajo van a seguir protegidos por las leyes autonómicas, en aquellos casos en los que se ofrezca más protección que a nivel estatal, algo que ha empezado a movilizar al sector de la cinegética, quién ya está pidiendo que las leyes autonómicas se ajusten a la estatal. "Piden que se cambien porque saben que los perros aún están bajo la protección de las leyes autonómicas en la mayoría de las comunidades", afirma.

Por este motivo, también hay comunidades autónomas que están modificando la normativa, pero a favor de los perros, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que se adelantó a la ley estatal y aprobó una ley de bienestar animal que incluye a los perros de caza y a los de trabajo, considerándolos animales de compañía.

Ahora toca esperar y ver si otras comunidades autonómicas optan por cambias sus normativas, tal y como ha hecho la Comunidad Valenciana, o si, por lo contrario, optan a amoldarse más a la Ley de Bienestar Animal estatal, y excluir también a los perros de trabajo y de caza de sus leyes.

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