Llegan cambios profundos para las familias con animales, también para los que se plantean incluir perros o gatos en casa. La Ley de Protección Animal obligará a las familias a cumplir con unos mínimos de bienestar animal y tenencia responsable muy superiores a los actuales.
Las nuevas exigencias se traducirán (o así se espera que ocurra) en un mayor control —identificación, registros—, concienciación —campañas, cursos— y sanciones administrativas y penales. En el aire, sobrevuela una pregunta para la que no está claro si hay respuesta: si las exigencias traen un descenso en las adopciones ¿Está el Gobierno preparado para dar una solución? ¿Tienen las protectoras una inversión suficiente?
Las responsabilidades, en formato lista
La Dirección General de Derechos de los Animales ha decidido actualizar, recoger y dar forma a peticiones tradicionales del ámbito animalista.
De este modo, la Ley de Protección Animal tendrá una triple función: evitar los abandonos y las renuncias, optar por el sacrificio cero y establecer unos mínimos de tenencia responsable para aquellos que decidan convivir con animales en la familia.
¿El objetivo? Poder controlar los 280.000 casos de perros y gatos que entraron a protectoras en 2021, reducir maltratos y abandonos y ofrecer un marco más seguro para la convivencia humano-animal.
Para ello, entre las responsabilidades que llegan:
- Se obligará a tener identificados a los animales, idealmente con microchip y estar en el Registro Veterinario de Animales de Compañía
- Se prohíbe dejar sin supervisión a perros por más de 24 horas y a otros animales por más de 3 días consecutivos; además, se obligará a ofrecer espacios adaptados que ofrezcan unos mínimos de bienestar físico y psicológico
- Las familias que adopten o compren animales, deberán realizar un curso gratuito de tenencia responsable, contratar un seguro de responsabilidad civil y pasar un test de sociabilidad
- Se prohíben prácticas como dejar a los perros sin supervisión en vehículos o puertas de comercios o supermercados
- Se incrementan sustancialmente el coste de las sanciones, entre 500 y 10.000 euros, 10.001 y 50.000 y 50.001 y 200.000 euros, según su gravedad
Esta lista se complementará con nuevas oportunidades, como el acceso a muchos más locales de hostelería, comercio y espacios públicos (a partir de ahora, se deberá notificar dónde no puedes entrar con animales) o viajar en metro, tren y otros medios de transporte públicos.
Perros que entran, y no salen
Por el contrario, la ley —al tratarse de un marco general— no deja muy claro qué medidas de apoyo se plantean para la población y, sobre todo, para los centros de protección, que deberán adaptarse al sacrificio cero.
Una ley que busca el maltrato/sacrificio cero, el abandono cero y la tenencia responsable, debe tener presente que hay miles de perros en protectoras que no cumplen estas bases, y que puede resultar realmente complejo que puedan pasar un test de sociabilidad durante los primeros meses tras su adopción, así como que no hayan podido tener unos periodos de socialización y educación temprana correctos o deseables debido a su historia personal. Aquí se abre un enorme vacío que también puede hacer ver más deseable la compra frente a la adopción responsable.
Desde Coco y Maya estamos muy felices de que se prohíba, por ley, eutanasiar animales y, a la vez, nos preocupa que las administraciones no hayan hablado de ayudas concretas. Todo indica, que esta tarea recaerá en las autonomías. En cualquier caso, se espera que las nuevas obligaciones hagan que las protectoras incrementen sus requisitos de adopción, mientras que los criadores también tendrán que hacerlo, al pasar a estar inscritos en un registro oficial (en cualquier otro caso, queda prohibida la cría).
¿Será más rentable optar por un criador inscrito en el registro que por la adopción en un centro de protección? A nivel económico, seguro que no, y tampoco parece una opción viable si lo que queremos es intentar escapar de alguno de los controles de la nueva ley. Sí es posible que el registro de criadores facilite el acceso a cierto tipo de perros (razas o perros especialistas), pero deberemos realizar formación básica y quedaremos sujetos a las mismas obligaciones.
Entremedias, queda la cuestión de la cría vinculada al mundo de la ganadería y, en especial, de la caza, desde donde se ha criticado la ley por poco realista y por "humanizar a los perros". En este caso, si no se ofrece un trato digno y unos mínimos de bienestar, los cazadores tendrán muy complicado adoptar o criar perros, una situación que lleva desde septiembre de este mismo año aumentando la tensión entre el colectivo y el Gobierno.
La tormenta... ¿perfecta?
Por el contrario, debemos señalar que estas obligaciones pueden generar una tormenta perfecta entre abandonos y escasez de adopciones. No hay muchas noticias al respecto, pero así lo afirman ya algunos centros como la Protectora de Badajoz o el Diario de Tarragona, que da voz a la protectora L'Última Llar, donde explican: estamos a favor de la ley, [...] el gran problema es saber quién controlará que se cumpla.
Se unen aquí, por lo menos, cuatro aspectos básicos que pretenden reducir el problema —control de la cría, venta restringida, mayores sanciones y programas de sensibilización y tenencia responsable—, pero, a corto plazo, y sobre todo sin los recursos para un control efectivo, pueden ser insuficientes.
En este posible escenario (sacrificio cero, masificación en protectoras) queda por ver cómo se relacionará esta mayor exigencia con las adopciones. ¿Es un planteamiento realista? ¿Es exigente, pero también la única solución en el medio y largo plazo? Habrá que valorar qué inversiones se prevén a nivel público para dar respuesta a estas preguntas.